viernes, 7 de diciembre de 2012

Acoso y Violencia Política, manifestaciones del patriarcado que limita el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres

Por: Juan Carlos Barrientos*
Entendemos de modo claro que el gobier­no y el llamado Proceso de cambio se en­cuentran en la difícil tarea de eliminar las brechas entre el machismo/patriarcado que posiciona a los hombres por encima de las mujeres y por tanto debiera de generar po­líticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres erradicando toda forma de violencia y dis­criminación sin embargo, ¿cuál es la situa­ción actual?, basta con revisar los periódicos, en 2012 la Red Nacional de Trabajadoras de la Información y comunicación RED ADA realizó la publicación de un estudio el cual muestra que en el municipio de la paz los periódicos reportan en el primer semestre del 2011: 105 casos de asesinatos de muje­res: FEMINICIDIOS**, en el municipio de El Alto entre 2010 y 2011 reportaron 249 casos, en Santa Cruz gestión 2010: 29 casos, Cochabamba gestión 2011: 38 casos, Quilla­collo gestiones 2010 y 2011: 54 casos, Sucre gestiones 2010 y 2011: 4 casos, estos datos son alarmantes ya que existe un importante sub-registro que queda en el anonimato y la mayoría proviene del área rural en la que muchas veces predomina la ley del silen­cio o una justicia comunitaria mal llamada o mal aplicada, ya que sus atribuciones es­tán ahora claramente especificadas en la ley de deslinde jurisdiccional, sin embargo los testimonios cuentan realidades diferentes.

Así mismo en lo que va del año según da­tos del Observatorio de Acoso y Violencia Política en razón de género, se han presen­tado 211 denuncias, de las cuales el 11% se dieron por violencia física, 51% por vio­lencia psicológica y 38% por acoso político.
•Los medios de comunicación escri­ta de 5 departamentos (La Paz, Cocha­bamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Beni) han registrado en sus publicaciones 29 casos de acoso y violencia política.
•Los medios de comunicación escrita moni­toreados reflejan un índice bajo de cober­tura hacia las problemáticas de las mujeres:
El matutino La Razón, de aproximada­mente 11988 noticias publicadas entre los meses de enero y septiembre publicó solo 199 noticias referidas a las mujeres
El periódico El Extra de aproximada­mente 6948 noticias publi­cadas entre enero a septiem­bre, publicó 389 noticias referidas a las problemáticas de las mujeres.
Frente a este panorama en el que se re­fleja que la violencia contra las mujeres y la invisibilización de la misma por par­te de los medios de comunicación, vea­mos ahora cual es la situación en relación a la participación política de las muje­res en nuestro estado plurinacional:
Las mujeres actualmente ocupan el 43% de los cargos como Autoridades titulares del Órgano Judicial, el 35% de los cargos como Autoridades en el Órgano Ejecu­tivo y el 28% de los espacios del Órgano Legislativo, esto incluyendo a las 2 mu­jeres que fungen como presidentas de las cámaras de diputados y senadores, a nivel de gobiernos municipales el 43% de mu­jeres ocupan los curules de las concejalías.
Sin lugar a dudas las mujeres han incre­mentado su participación en todos estos espacios antes mencionados, sin embar­go detrás de estos progresos se ciernen las sobras que nos muestran las dificul­tades por las que estas mujeres deben atravesar, no se diga menos de lo que ocurre en las organizaciones sociales, sin­dicales, gremiales e indígena-originarias.
Acoso y Violencia Política:
La recientemente promulgada ley 243: “Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres” en su artículo 7 incisos a y b define:
a. Acoso Político.- Se entiende por acoso político al acto o conjunto de actos de pre­sión, persecución, hostigamiento o ame­nazas, cometidos por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candida­tas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funcio­nes inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus fun­ciones o en el ejercicio de sus derechos.
b. Violencia Política.- Se entiende por vio­lencia política a las acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexua­les cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de ter­ceros, en contra de las mujeres candida­tas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública, o en contra de su familia, para acortar, suspender, impe­dir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.
Para la mayoría de las personas la palabra acoso la relacionamos con acoso sexual y es evidente que es otra de las manifesta­ciones del machismo y androcentrismo*** , sin embargo este tipo de acoso y violencia está dirigido no a obtener necesariamente un beneficio o goce sexual sino a perpe­tuar o hegemonizar el poder en manos de los hombres limitando la participación o actuación de las mujeres, para ello en la mayoría de los casos de valen de engaños o acuerdos pre-electorales por los cuales las obligan a renunciar a sus cargos y los cedan a sus suplentes varones. Si bien el modus operandi casi siempre es el engaño, la cosa se agrava con extorsión, amenazas de daño personal/familiar y agresiones físicas por parte de autoridades comunales incluso o familiares de las autoridades suplentes que ansían la renuncia de la titular, estas mu­jeres autoridades democráticamente electas no pueden acudir a nadie, pues en muchos de los casos son sus propios dirigentes in­dígenas quienes justifican los hechos y las obligan al silencio. Cosa similar ocurre en la dirigencia sindical en la que se juegan espacios desde donde tanto hombres como mujeres pueden saltar a la palestra y acce­der en un futuro a cargos políticos públicos .
¿Cuáles son las causas que están de­trás de estos hechos de violencia?
1.- Inexistencia de un adecuado sistema de protección de los derechos de las mujeres.
Como se dijo anteriormente la Ley 243 fue promulgada recientemente, sin embargo habría que hacer algunas puntualizaciones con respecto a la misma: esta ley se vino trabajando y luchando desde hace 10 años años sin embargo no existía la voluntad política suficiente sin embargo a raíz del Feminicidio de la Concejala Juana Quispe el pasado mes de marzo del presente año, distintos sectores de la sociedad hicieron presión para que de una vez por todas esta ley pudiera ser aprobada y promulgada sin embargo hasta la fecha han pasado ya 5 meses y la misma no está aun reglamenta­da y las mujeres no pueden presentar sus denuncias debido a que la ley no estable­ce cuál o quién es la autoridad competente que deba conocer estas causas, otra de las importantes observaciones a la mencionada ley es que de modo muy coyuntural y redu­cido solo se aprobó para proteger o garanti­zar los derechos de las mujeres que ejercen en cargos públicos y no así para las miles de mujeres que desde la dirigencia sindical/ gremial, vecinal, comunal. Etc. Sufren de similares hechos de violencia y acoso por el hecho de ejercer sus liderazgos. Es en­tonces una tarea pendiente que se reconoz­can estos liderazgos y se vele por este sec­tor de la sociedad que impunemente vive en el silencio bajo el yugo del machismo.
2.- Cultura machista que naturaliza la vio­lencia y el sometimiento de las mujeres.
Cuando nos referimos al machismo nos pa­rece algo coloquial y hasta jocoso en nues­tro día a día, incluso hacemos gala del mis­mo, sin embargo no parecemos comprender que todo esto no es nada más que parte del proceso de endoculturación (proceso por el cual la generación más antigua trans­mite sus formas de pensar, conocimientos, costumbres y reglas a la generación más joven) por el que se naturaliza e institu­cionaliza el machismo y el patriarcado. Parte de esta naturalización son las ideas omnipresentes en nuestras culturas por las que Mujer es sinónimo de REPRODUCC­CIÓN y el Hombre igual a PRODUCCIÓN de igual forma MUJER=DOMÉSTICO y HOMBRE=PÚBLICO, por lo tanto no es raro pensar que: solo los hombres tienen que acceder a la educación, ser presiden­tes, representantes, dirigentes, o quienes tienen que opinar en los ampliados, cabil­dos o asambleas; es incluso automático en nuestro pensamiento que LA SECRETA­RIA DE ACTAS, de casi toda mesa direc­tiva es mujer, incluso casi inequívocamen­te asociamos el cargo con el sexo mujer.
Como se dijo antes existe una naturaliza­ción de la supremacía del hombre encima de la mujer, esto se expresa en el ejercicio del poder, el lenguaje y la cultura como tal y al ser cultural se transmite de generación en generación a través de nuestras pautas de crianza que indirectamente inducen a creer en esta aparente supremacía del hombre y en la consecuente sumisión de la mujer, juega un papel importante el tipo de roles de género que asignamos a nuestros hijos e hijas, el tipo de concesiones que te­nemos con unos y restricciones con otras o viceversa: a las mujeres si les es permitido llorar, pero no ser “choleras” por ejemplo, cosa que no pasa con los varones a quienes se reprocha una acción pero se felicita de modo encubierto, acorde a la doble moral imperante, el hecho de ser mujeriego. Sin embargo cuando una mujer en el área ru­ral quiere incursionar en la vida política es otra mujer quien la cuestiona y le recuerda que debería “estarse ocupando más de sus labores domésticas que andar de “mari­machu metiéndose” en cosas de hombres”
3.- Falta de oportunidades para que las muje­res accedan a la formación y la participación.
Otro aspecto que es reconocido por varias lideresas indígenas y rurales como una difi­cultad para asumir liderazgos es la falta de educación y oportunidades de formación, como ya se dijo se prioriza la educación de los hombres y ya en la edad adulta la mayoría de los talleres de capacitación o están pensados y dirigidos a los hombres o las mujeres no pueden asistir a los mismos por la doble jornada de la mujer (mujer ma­dre y mujer trabajadora/lidereza/ejecutiva, etc), motivo por el que se ven limitadas para asistir a talleres, ampliados, asambleas, etc. Porque en su mayoría sus maridos o concubinos o bien les prohíben su parti­cipación o porque se niegan en colaborar con el cuidado de los animales (ganado) o sus propios hijos, por tanto o la mujer debe asistir a estas actividades con sus hijos al hombro o renunciar a esa oportunidad.
A modo de resumen diremos que que­da mucho por hacer para que las mujeres puedan realmente ejercer libremente sus derechos, es evidente que muchas mujeres están hoy en altos cargos del gobierno, sin embargo muchas mujeres conservan aun el machismo internalizado y no son parte de la lucha por la transformación social que erradique de una vez por todas el patriar­cado y machismo imperantes en nuestro medio. Puede sonar a pesimismo y tildar­se a estas líneas de invisibilizadoras de los avances alcanzados, pero siendo sinceros y sinceras contamos con leyes, contamos con autoridades mujeres, pero en el silencio de muchos hogares existen mujeres que siguen siendo amenazadas, insultadas y golpeadas, que siguen viviendo en el temor de que sus hijos e hijas sean maltratadas, que siguen sin conocer sus derechos, que siguen siendo obligadas a firmar en contra de su voluntad y que con o sin ley no tienen a donde de­nunciar, es tiempo de que abramos los ojos y dejemos el discurso para pasar a la acción.
*El Autor es Licenciado en Psicólogo.
Apuntes.
Cossío, J., Tito, A., & Vargas, E. (2012). Feminicidio en diferentes contex­tos culturales. La Paz: COMPAZ.
** Feminicidio: Es el asesinato de mujeres enten­dido como la forma más extrema de violencia contra las mismas por el hecho de ser mujeres.
Datos obtenidos de: Católicas por el Dere­chos a Decidir y la Coordinadora de la Mujer.
Se sugiere revisar: 2do Reporte del Observa­torio de Acoso y Violencia política en razón de género, noviembre de 2011, La Paz Bolivia.
*** Patriarcado: distribución desigual del poder entre hombres y mujeres en la cual los varones tendrían preeminencia en uno o varios aspec­tos, tales como la determinación de las líneas de descendencia (filiación exclusivamente por descendencia patrilineal y portación del apelli­do paterno), los derechos de primogenitura, la autonomía personal en las relaciones sociales, la participación en el espacio público -político o religioso- o la atribución de estatus a las dis­tintas ocupaciones de hombres y mujeres de­terminadas por la división sexual del trabajo.

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