Entendemos de modo claro que
el gobierno y el llamado Proceso de cambio se encuentran en la difícil tarea
de eliminar las brechas entre el machismo/patriarcado que posiciona a los
hombres por encima de las mujeres y por tanto debiera de generar políticas
públicas que garanticen el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres
erradicando toda forma de violencia y discriminación sin embargo, ¿cuál es la
situación actual?, basta con revisar los periódicos, en 2012 la Red Nacional
de Trabajadoras de la Información y comunicación RED ADA realizó la publicación
de un estudio el cual muestra que en el municipio de la paz los periódicos
reportan en el primer semestre del 2011: 105 casos de asesinatos de mujeres:
FEMINICIDIOS**, en el municipio de El Alto entre 2010 y 2011 reportaron 249
casos, en Santa Cruz gestión 2010: 29 casos, Cochabamba gestión 2011: 38 casos,
Quillacollo gestiones 2010 y 2011: 54 casos, Sucre gestiones 2010 y 2011: 4
casos, estos datos son alarmantes ya que existe un importante sub-registro que
queda en el anonimato y la mayoría proviene del área rural en la que muchas
veces predomina la ley del silencio o una justicia comunitaria mal llamada o
mal aplicada, ya que sus atribuciones están ahora claramente especificadas en
la ley de deslinde jurisdiccional, sin embargo los testimonios cuentan
realidades diferentes.
Así mismo en lo que va del año
según datos del Observatorio de Acoso y Violencia Política en razón de género,
se han presentado 211 denuncias, de las cuales el 11% se dieron por violencia
física, 51% por violencia psicológica y 38% por acoso político.
•Los medios de comunicación
escrita de 5 departamentos (La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y
Beni) han registrado en sus publicaciones 29 casos de acoso y violencia
política.
•Los medios de comunicación
escrita monitoreados reflejan un índice bajo de cobertura hacia las
problemáticas de las mujeres:
El matutino La Razón, de
aproximadamente 11988 noticias publicadas entre los meses de enero y
septiembre publicó solo 199 noticias referidas a las mujeres
El periódico El Extra de
aproximadamente 6948 noticias publicadas entre enero a septiembre, publicó
389 noticias referidas a las problemáticas de las mujeres.
Frente a este panorama en el
que se refleja que la violencia contra las mujeres y la invisibilización de la
misma por parte de los medios de comunicación, veamos ahora cual es la
situación en relación a la participación política de las mujeres en nuestro
estado plurinacional:
Las mujeres actualmente ocupan
el 43% de los cargos como Autoridades titulares del Órgano Judicial, el 35% de
los cargos como Autoridades en el Órgano Ejecutivo y el 28% de los espacios
del Órgano Legislativo, esto incluyendo a las 2 mujeres que fungen como
presidentas de las cámaras de diputados y senadores, a nivel de gobiernos
municipales el 43% de mujeres ocupan los curules de las concejalías.
Sin lugar a dudas las mujeres
han incrementado su participación en todos estos espacios antes mencionados,
sin embargo detrás de estos progresos se ciernen las sobras que nos muestran
las dificultades por las que estas mujeres deben atravesar, no se diga menos
de lo que ocurre en las organizaciones sociales, sindicales, gremiales e
indígena-originarias.
Acoso y Violencia Política:
La recientemente promulgada
ley 243: “Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres” en su
artículo 7 incisos a y b define:
a. Acoso Político.- Se
entiende por acoso político al acto o conjunto de actos de presión,
persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de
personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas,
electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública o en contra
de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir
las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice,
en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el
cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.
b. Violencia Política.- Se
entiende por violencia política a las acciones, conductas y/o agresiones
físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas,
directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas,
electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública, o en
contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el
ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de
su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus
funciones o en el ejercicio de sus derechos.
Para la mayoría de las
personas la palabra acoso la relacionamos con acoso sexual y es evidente que es
otra de las manifestaciones del machismo y androcentrismo*** , sin embargo
este tipo de acoso y violencia está dirigido no a obtener necesariamente un
beneficio o goce sexual sino a perpetuar o hegemonizar el poder en manos de
los hombres limitando la participación o actuación de las mujeres, para ello en
la mayoría de los casos de valen de engaños o acuerdos pre-electorales por los
cuales las obligan a renunciar a sus cargos y los cedan a sus suplentes
varones. Si bien el modus operandi casi siempre es el engaño, la cosa se agrava
con extorsión, amenazas de daño personal/familiar y agresiones físicas por
parte de autoridades comunales incluso o familiares de las autoridades
suplentes que ansían la renuncia de la titular, estas mujeres autoridades
democráticamente electas no pueden acudir a nadie, pues en muchos de los casos
son sus propios dirigentes indígenas quienes justifican los hechos y las
obligan al silencio. Cosa similar ocurre en la dirigencia sindical en la que se
juegan espacios desde donde tanto hombres como mujeres pueden saltar a la
palestra y acceder en un futuro a cargos políticos públicos .
¿Cuáles son las causas que
están detrás de estos hechos de violencia?
1.- Inexistencia de un
adecuado sistema de protección de los derechos de las mujeres.
Como se dijo
anteriormente la Ley 243 fue promulgada recientemente, sin embargo habría que
hacer algunas puntualizaciones con respecto a la misma: esta ley se vino
trabajando y luchando desde hace 10 años años sin embargo no existía la
voluntad política suficiente sin embargo a raíz del Feminicidio de la Concejala
Juana Quispe el pasado mes de marzo del presente año, distintos sectores de la
sociedad hicieron presión para que de una vez por todas esta ley pudiera ser
aprobada y promulgada sin embargo hasta la fecha han pasado ya 5 meses y la
misma no está aun reglamentada y las mujeres no pueden presentar sus denuncias debido a que la ley no establece cuál o quién es la
autoridad competente que deba conocer estas causas, otra de las importantes
observaciones a la mencionada ley es que de modo muy coyuntural y reducido
solo se aprobó para proteger o garantizar los derechos de las mujeres que
ejercen en cargos públicos y no así para las miles de mujeres que desde la
dirigencia sindical/ gremial, vecinal, comunal. Etc. Sufren de similares hechos
de violencia y acoso por el hecho de ejercer sus liderazgos. Es entonces una
tarea pendiente que se reconozcan estos liderazgos y se vele por este sector
de la sociedad que impunemente vive en el silencio bajo el yugo del machismo.
2.- Cultura machista que
naturaliza la violencia y el sometimiento de las mujeres.
Cuando nos referimos al
machismo nos parece algo coloquial y hasta jocoso en nuestro día a día,
incluso hacemos gala del mismo, sin embargo no parecemos comprender que todo
esto no es nada más que parte del proceso de endoculturación (proceso por el
cual la generación más antigua transmite sus formas de pensar, conocimientos,
costumbres y reglas a la generación más joven) por el que se naturaliza e
institucionaliza el machismo y el patriarcado. Parte de esta naturalización
son las ideas omnipresentes en nuestras culturas por las que Mujer es sinónimo
de REPRODUCCCIÓN y el Hombre igual a PRODUCCIÓN de igual forma MUJER=DOMÉSTICO
y HOMBRE=PÚBLICO, por lo tanto no es raro pensar que: solo los hombres tienen
que acceder a la educación, ser presidentes, representantes, dirigentes, o quienes
tienen que opinar en los ampliados, cabildos o asambleas; es incluso
automático en nuestro pensamiento que LA SECRETARIA DE ACTAS, de casi toda
mesa directiva es mujer, incluso casi inequívocamente asociamos el cargo con
el sexo mujer.
Como se dijo antes existe una
naturalización de la supremacía del hombre encima de la mujer, esto se expresa
en el ejercicio del poder, el lenguaje y la cultura como tal y al ser cultural
se transmite de generación en generación a través de nuestras pautas de crianza
que indirectamente inducen a creer en esta aparente supremacía del hombre y en
la consecuente sumisión de la mujer, juega un papel importante el tipo de roles
de género que asignamos a nuestros hijos e hijas, el tipo de concesiones que tenemos
con unos y restricciones con otras o viceversa: a las mujeres si les es
permitido llorar, pero no ser “choleras” por ejemplo, cosa que no pasa con los
varones a quienes se reprocha una acción pero se felicita de modo encubierto,
acorde a la doble moral imperante, el hecho de ser mujeriego. Sin embargo
cuando una mujer en el área rural quiere incursionar en la vida política es
otra mujer quien la cuestiona y le recuerda que debería “estarse ocupando más
de sus labores domésticas que andar de “marimachu metiéndose” en cosas de
hombres”
3.- Falta de oportunidades
para que las mujeres accedan a la formación y la participación.
Otro aspecto que es reconocido
por varias lideresas indígenas y rurales como una dificultad para asumir
liderazgos es la falta de educación y oportunidades de formación, como ya se
dijo se prioriza la educación de los hombres y ya en la edad adulta la mayoría
de los talleres de capacitación o están pensados y dirigidos a los hombres o
las mujeres no pueden asistir a los mismos por la doble jornada de la mujer
(mujer madre y mujer trabajadora/lidereza/ejecutiva, etc), motivo por el que
se ven limitadas para asistir a talleres, ampliados, asambleas, etc. Porque en
su mayoría sus maridos o concubinos o bien les prohíben su participación o
porque se niegan en colaborar con el cuidado de los animales (ganado) o sus
propios hijos, por tanto o la mujer debe asistir a estas actividades con sus
hijos al hombro o renunciar a esa oportunidad.
A modo de resumen diremos que
queda mucho por hacer para que las mujeres puedan realmente ejercer libremente
sus derechos, es evidente que muchas mujeres están hoy en altos cargos del
gobierno, sin embargo muchas mujeres conservan aun el machismo internalizado y
no son parte de la lucha por la transformación social que erradique de una vez
por todas el patriarcado y machismo imperantes en nuestro medio. Puede sonar a
pesimismo y tildarse a estas líneas de invisibilizadoras de los avances
alcanzados, pero siendo sinceros y sinceras contamos con leyes, contamos con
autoridades mujeres, pero en el silencio de muchos hogares existen mujeres que
siguen siendo amenazadas, insultadas y golpeadas, que siguen viviendo en el
temor de que sus hijos e hijas sean maltratadas, que siguen sin conocer sus
derechos, que siguen siendo obligadas a firmar en contra de su voluntad y que
con o sin ley no tienen a donde denunciar, es tiempo de que abramos los ojos y
dejemos el discurso para pasar a la acción.
*El Autor es Licenciado en
Psicólogo.
Apuntes.
Cossío, J., Tito, A., &
Vargas, E. (2012). Feminicidio en diferentes contextos culturales. La Paz:
COMPAZ.
** Feminicidio: Es el
asesinato de mujeres entendido como la forma más extrema de violencia contra
las mismas por el hecho de ser mujeres.
Datos obtenidos de: Católicas
por el Derechos a Decidir y la Coordinadora de la Mujer.
Se sugiere revisar: 2do
Reporte del Observatorio de Acoso y Violencia política en razón de género,
noviembre de 2011, La Paz Bolivia.
***
Patriarcado: distribución desigual del poder entre hombres y mujeres en la cual
los varones tendrían preeminencia en uno o varios aspectos, tales como la
determinación de las líneas de descendencia (filiación exclusivamente por
descendencia patrilineal y portación del apellido paterno), los derechos de
primogenitura, la autonomía personal en las relaciones sociales, la
participación en el espacio público -político o religioso- o la atribución de
estatus a las distintas ocupaciones de hombres y mujeres determinadas por la
división sexual del trabajo.
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